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La soberanía queda en nueva manos

Por Luis Alberto Romero
Centenario vs Bicentenario

En 1810 el derrumbe del Imperio español puso a un grupo de patriotas porteños a cargo del gobierno del virreinato. Se movieron en un mundo complejo y difícil de entender: la guerra europea, la resistencia de los realistas locales, que inició una violenta guerra civil, y el cuestionamiento de la autoridad porteña por parte de las distintas regiones del virreinato. En 1816 las cosas estaban más claras, pues se proclamó la soberanía del nuevo estado. Mientras tanto, las provincias litorales definían una disidencia que anticipaba la fragmentación de 1820.


Entre tantos problemas, los gobiernos revolucionarios debieron definir en qué fundaban su legitimidad y qué tipo de organización política adoptarían. Sobre esto, pronto quedó claro que el nuevo estado sería una república. Como tal, debía reemplazar el antiguo criterio de legitimidad, que remitía al rey y a Dios, por otro que por entonces comenzaba a difundirse: el pueblo. Lo nuevo y lo viejo todavía se mezclaban. Así, algunos hablaban del pueblo, uno e indivisible, a la francesa, y otros de los pueblos, a la española, que justificaba los reclamos de soberanía de las provincias.

¿Cómo expresaba el pueblo su voluntad? Otra vez, lo viejo y lo nuevo. Los cabildos tenían alguna legitimidad propia. Si convocaban a cabildos abiertos, podía pensarse en el pueblo, en una de sus muchas acepciones. Eran los vecinos, un concepto que aludía a la antigua sociedad de cuerpos y jerarquías. Pero también remitían a las asambleas de la Revolución Francesa, de cuya votación surgía la voluntad unánime e inapelable del pueblo. Gradualmente fueron emergiendo otras ideas que hoy nos resultan más familiares: los ciudadanos, iguales en derechos y capacidades, y los representantes, que por un lapso limitado encarnaban y materializaban la voluntad popular.

Provincias, legisladores y gobernadores
El año 1820 marcó un corte. Se disgregó el Directorio, última estribación de la unidad virreinal, y surgieron las provincias. Desde entonces, y hasta 1880, hubo guerra civil permanente, sólo interrumpida por pactos interprovinciales. Guerras y pactos fueron dirimiendo la forma institucional del futuro estado, del que todas las provincias se sentían, de alguna manera, partícipes.

Cada provincia adoptó por entonces el modelo constitucional y representativo de gobierno. Una Sala de Representantes, parecida a nuestro moderno Congreso, encarnó la voluntad del pueblo, legisló y designó a los gobernadores. Otro costado de la historia muestra que éstos sólo podían gobernar con el apoyo de una fuerza armada, generalmente miliciana. Frecuentemente los gobernadores llegaban al poder tras un golpe de mano, pero aún así, la Legislatura debía legitimar su designación, que dejaba así algún resquicio para la política institucional. Esto ocurrió sobre todo en Buenos Aires, por su experiencia fue el modelo para el resto de las provincias.

El sufragio fue universal, en los términos de la época: varones adultos, libres y afincados. Las autoridades debieron preocuparse por organizar el sufragio, y allí terciaron alcaldes, jefes de milicias, jueces de paz o estancieros, capaces de reunir a los votantes. En algunas provincias hubo lugar para la expresión de una opinión pública muy moderna. También para una competencia electoral que los contemporáneos descalificaron como facciosa. Cuando las luchas internas se cruzaron con las guerras entre provincias, se generó un caos generalizado, como en 1827. Frente a él, muchos reivindicaron el valor de la unidad y el orden.

Rosas y el orden plebiscitario
De ese anhelo se nutrió el sistema que Rosas aplicó en Buenos Aires primero y en el resto del país después. Rosas ejerció el poder en momentos en que las guerras civiles se intensificaron, complicadas con la intervención de Inglaterra y Francia. Su última ratio estaba en el poder militar, pero el apoyo popular entusiasta y unánime, ocupó un lugar importante. Como en otros regímenes de este tipo, ese apoyo tuvo un costado espontáneo y otro sistemáticamente creado desde el poder mediante una prolija liturgia. Parte central de ese sistema fue la celebración regular de elecciones, a las que se daba singular importancia. La lista era única, pues la oposición había sido casi exterminada, pero eso no empeñaba la importancia del acto, que renovaba regularmente la convalidación plebiscitaria del gobernador.

Con menos énfasis y un poco de hipocresía, las provincias repitieron el modelo de Buenos Aires. En algunas, Rosas intervino para nombrar gobernadores adictos y en otras toleró a los que surgían del juego local de intereses, siempre que asumieran la liturgia de la unanimidad federal. Parecía un orden monolítico. Sin embargo, bastó la derrota militar en Caseros para que se derrumbara. Comenzaba otra historia para la política y las elecciones.

Fuente: Historia de la elecciones argentinas. 1810-1852 De la Primera Junta a Rosas.

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