Charla del fiscal federal Antonio Gómez el pasado 8 de diciembre.
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| Foto: El Periodico. |
ruta 9.
El fiscal general Antonio Gómez dijo que el secretario de Medio Ambiente tucumano, Alfredo Montalbán, es un cómplice. “Todo pasa por condenar a los que contaminan. No existe delito ambiental, sino hay un funcionario corrupto”, agregó.
Gómez mencionó la Ley 20.284 anexo II, de contaminación atmosférica, donde los ingenios azucareros emiten cenizas y gases. Por ejemplo, la demanda bioquímica de oxigeno en agua (DBO), como tope es 50 mg/l y se registró 1.650 mg/l, o sea 33 veces mayor a la medida tolerante. En tanto, la demanda química de oxigeno (DQO) indica como máximo 20 mg/l y se observó 1635 mg/l, explicó el fiscal federal.
Pero, los sólidos sedimentables en los efluentes, Gómez dijo que e valor permitido es 1 mg/l y se registró un dato alarmante de 90 mg/l.
Corte
“Es difícil cortar la impunidad ambiental, hace falta un fuerte reclamo social”, advirtió Gómez al auditorio. Señaló que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el caso Matanza Riachuelo, lleva 3 años y “no se bajó un milímetro la contaminación”.
Para el fiscal, la impunidad ambiental se da por los obstáculos para acceder a la Justicia. “Me llama la atención que sólo una ciudadana de Las Termas (Anita Loto) se haya presentado como querellante; dónde está la Asociación de Hoteles, una asociación vecinal, el intendente, los concejales, se preguntó.
“El querellante actúa como un fiscal. Todavía ningún funcionario de Santiago del Estero se presentó como querellante”, amplió.
Gómez fue duró al indicar que los funcionarios públicos no denuncian delitos ambientales, pero “no se entiende la persecución del Gobierno a todos aquellos que quieren investigar”, denunció.
Tucumán insólito
La provincia vecina tuvo tres planes de producción limpia y el ingenio La Florida está anotado en la Secretaría de Medio Ambiente. Pero, el fiscal Gómez señaló un hecho insólito por la causa Julián Luna, la contaminación de la minera Alumbrera. “Los legisladores (Gerónimo) Vargas Aignasse y Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador tucumano, presentaron un escrito en la Federación Empresaria de Tucumán (FET) para que desde la Nación se suspenda el proceso. Lo lograron”, comentó indignado.

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