Se llama Proyecto X. Lo reconoció el jefe de la fuerza, Héctor Schenone, ante la Justicia. Admitió la existencia de una unidad que se infiltra en las protestas para hacer inteligencia y obtener información de sus líderes. También una base de datos ilegal, con datos privados de líderes sociales, que vulnera la Ley de Inteligencia Nacional, según indica Clarín. La nota
Un caso similar sucedió en Santiago del Estero, las famosas 40.000 carpetas secuestradas del D6, unidad policial, vinculadas a la investigación de políticos opositores en la provincia por parte de Musa Azar. Por ello, el Congreso sancionó la intervención de los tres poderes; el primero de abril de 2004, Pablo Lanusse asumía como interventor federal.
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