El Tribunal de Cuentas estuvo en la Municipalidad, el martes 14 de este mes, en respuesta a la Resolución 29 del Concejo Deliberante para concretar una auditoría. Informó a los concejales que el Ejecutivo hizo importantes transferencias de partidas por cifras millonarias; por ejemplo, “trabajos públicos por $6.000.000; servicios comunes y profesionales en el orden de $9.700.000, aproximadamente”.  

Para el Tribunal, la cuenta general del año pasado es “absolutamente improcedente e ilegal”. Sostiene que el Ejecutivo, mediante dictamen del fiscal Juan Scheytt, habilitó la reformulación del presupuesto 2011 y produjo un incremento de casi $4 millones, que “fue erogado haciendo uso y amparándose en el artículo 25 de la ordenanza 14 -norma Permanente del presupuesto-“, indica la nota firmada por los vocales Eduardo Francisco Saavedra y Alberto Pérez.

Según el Tribunal, es ilegal la aplicación del artículo 25, porque la norma faculta al Ejecutivo a incrementar “el presupuesto general de gastos y cálculos de recursos durante el ejercicio anual, cuando existan ingresos extraordinarios o lo recaudado exceda a lo presupuestado”. Además, “en estos casos se deberá incorporar las partidas específicas necesarias o incrementar la ya existente en materia de recursos y su aplicación en las erogaciones”, completa el artículo. Es decir, si hay más dinero se debe designar el área que hará el gasto.

Por otro lado, el Tribunal hace una observación en la nota: los incrementos al presupuesto se deben hacer durante el ejercicio 2011, no después de seis meses de finalizado el mismo.

El Ejecutivo envió una reformulación del presupuesto 2011 en casi $4 millones, ya gastados, al Concejo, pero seis meses después del cierre del ejercicio. La normativa ingresó el primero de junio de este año, cuando en realidad se debió comunicar en diciembre pasado.

Mukdise hizo mal la tarea. Envió el presupuesto 2011 en julio de ese año, los concejales lo devolvieron para una corrección; nuevamente ingresó el primero de diciembre pasado y el 7 se aprobó. Sin embargo, para hacer alguna modificación, dentro de ese año como dice el Tribunal, restaba poco más de veinte días para concretar los cambios.

El Ejecutivo dejó vencer los plazos, pero gastó sin autorización del Concejo. Por ello, el Tribunal de Cuentas sostiene que existe una grave irregularidad y desaprobó el ejercicio 2011.

Esta medida habilita el pedido de juicio político. De concretarse, sería el segundo en tan sólo dos años de gestión. Un hecho sin precedente en la historia institucional de Las Termas de Río Hondo.

El ex intendente Luis Salme (2006-2010), por ejemplo, tuvo dos pedidos frustrados de juicio político, en 2008 y 2010.