EL DESTAPE. Sesión 22 del jueves 9 de agosto.

En el cumpleaños número 73 del intendente Miguel Mukdise, los concejales hicieron un hermoso regalito y pondría al descubierto su gestión municipal. Esta mañana los ediles, con ocho votos, aprobaron la Resolución 29 para realizar una auditoría general.

El proyecto fue impulsado, una vez más, por Silvia Isabel Trejo, del boque unipersonal Frente para Todos; acompañaron ocho concejales, menos el oficialismo encabezado por la presidente del cuerpo legislativo, Roxana Isabel Ponce.

La resolución solicita al Tribunal de Cuentas, quien por nota indicó que el Ejecutivo no envía los gastos efectuados durante el 2011; el organismo debe realizar una auditoría general en la comuna por la duración de 30 días. En tanto, el personal de la Secretaría de Economía, Contaduría General y Tesorería estaban avisados del examen contable.

No es la primera vez que Trejo presenta un proyecto de tal naturaleza, el año pasado hizo lo mismo, a fines de agosto, y el órgano de contralor administrativo encontró irregularidades en la trasferencia de $500.000 –Fondo Federal Solidario (soja)- desde el Banco Nación hacía el Banco Santiago del Estero, un movimiento de cuenta; además la adquisición de combustible fue examinada y se realizó una denuncia penal. Por el hecho se generó un pedido de juicio político al intendente Mukdise y al presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Pérez, pero la mayoría –hoy desintegrada- lo desestimó.

Sin embargo, no se supo qué se hizo realmente con la partida del Fondo Federal Solidario en agosto de 2011, pero el Ejecutivo devolvió el monto tres meses después. Dijo que custodió el dinero por supuestos embargos en la cuenta bancaria.  

Ahora, Trejo profundiza la media. La auditoría no podrá ser realizada por personal que esté vinculado políticamente a Mukdise ni tenga parentesco con funcionarios o ediles. Tal es el caso del fiscal auditor del Tribunal de Cuentas, Carlos Nieva, quien jugó políticamente a favor del intendente y es esposo de la vicepresidente primera del Concejo Deliberante, Silvia Gómez Aguilar.

Gastos

La auditoría debería alcanzar a los proveedores de la comuna para identificar algún vinculo con la familia Mukdise; la obra del Centro de Orientación Termal, por ejemplo, cuya inversión supera ampliamente la contratación directa –el límite es $200.000-. Es decir, la pregunta recae en conocer por qué el Ejecutivo no llamó a un concurso de precios para hacer reformas en el edificio público. Tal medida hubiese generado una eficiencia en el gasto público por comparación de precios.  

Por otro lado, la auditoría comprobará el pago del $98.000 al bailarín Iñaki Urlezaga, el 13 de abril pasado, si existe factura, entre otros puntos. El evento cultural se realizó en la gestión interina de Roxana Ponce, quien firmó el supuesto decreto oneroso. Además, se debe conocer los gastos del legislativo municipal, ya que existirían supuestos viajes fuera de la provincia.

Para los adversarios de Mukdise, según se indica, llegaría la noche. Sin embargo, el círculo de control debe cerrarse: el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas tienen la obligación de controlar la gestión administrativa; de lo contrario, incurren en mal desempeño de la función pública e incumplimiento de la Carta Orgánica Municipal (COM).

El Tribunal de Cuentas está obligado por la COM a realizar auditorías en cualquier momento del ejercicio presupuestario y no cuando lo solicite el Concejo Deliberante.  

Control

Para la Real Academia Española, la auditoría es una revisión de la contabilidad de una empresa, una sociedad o entidad pública, y debe ser realizada por un auditor. Se trata de comprobar la información económica del Municipio, pero debe ser ejecutada por un profesional “independiente y capacitado”.

El Tribunal de Cuentas, por definición, realiza una auditoría externa; la interna recae en la Contaduría General y el Tesorería.