El pedido de juicio político a los contadores del Tribunal
de Cuentas. El tiempo corre.
La investigación estará a cargo de una comisión que se
denomina “de juicio político”, “cuyos miembros deberán ser nombrados por el
Concejo al tiempo de ser designados e integradas las distintas comisiones por
un miembro de cada bloque”, expresa el artículo 140.
En el Concejo funcionan siete bloques, o sea, la comisión de
juicio político debe estar integrada por siete concejales.
El Ejecutivo envió el 16 de agosto solicitó el juicio político
a los contadores Alberto Pérez y Eduardo Saavedra, ambos miembros del Tribunal
de Cuentas. Una semana después los concejales dieron lugar a la solicitud y pasó
a comisión. El lunes 27 de agosto se reunían para conformar la comisión de
juicio político y empezar la investigación. Pero pasó el punto para la sesión del
jueves 30 y en esa fecha no hubo quórum.
La pregunta del millón: ¿se investigan los hechos? Parece
que se caerá el pedido porque el tiempo corre y se violaría lo preceptuado por la Carta Orgánica Municipal.
El Concejo deberá tratar con 2/3 de la totalidad de los
votos, es decir ocho de doce concejales, si hay o no lugar a la formulación de
la causa. Si se declara la procedencia de la acusación al funcionario, la Comisión de Juicio Político
llevará el planteo al Jurado, entidad compuesta por nueve miembros, tres de
ellos deberán ser abogados.
El juicio político garantiza el derecho de defensa.
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