Una desnudó la impunidad de un poder despótico provincial.
La otra, es una desaparecida de la democracia, cuya madre ha develado el horror
de la trata.
Por Norma Morandini, senadora nacional.
“Cuando el tirano cae, su poder termina. Cuando la víctima
muere, su poder empieza”, es la frase guía de mi primer libro, Catamarca, que
comenzó como un reportaje y se convirtió en la crónica del poder feudal de una
provincia que desnudó el poder de la tragedia de María Soledad Morales. La
jovencita que pasaba más horas frente al televisor que en la escuela, que
soñaba con ser modelo y cuyo cuerpo mutilado, como muestra macabra de las
múltiples violaciones, despertó otro poder dormido, una conmovedora gesta de
mujeres, la de sus compañeras y la de la directora del Colegio del Carmen. La
monja Marta Pelloni rompió con la odiosa tradición argentina de tapar los
pecados de la institución religiosa donde estudiaba María Soledad y se puso al
frente de una tan original como eficaz protesta: las marchas del silencio.
Mezcla de procesión religiosa en una sociedad dominada por la devoción a la Virgen del Valle y de ronda
muda de las madres del pañuelo blanco que en las plazas del país increpaban al
poder y pedían por sus hijos en cuanto fueron abriendo para todos los
argentinos demandas de verdad y justicia. Hoy la verdad es peligrosa, y por eso
se la disfraza. Sin embargo, la falta de justicia sigue siendo la demanda que
se grita en las plazas: otras madres que buscan a sus hijos se han agregado al
repertorio de un país que ha hecho de la muerte y la violencia un rasgo de
identidad.
María Soledad apareció muerta al costado de un camino, el
cuerpo destrozado, desfigurado. Corría 1990. Entonces, habíamos transitado tan sólo
ocho años de democratización. Para mí, el crimen de la jovencita semejaba otra
desaparición. Todos podían reconstruir con minuciosidad los pasos de María
Soledad: desde que salió de su casa, la fiesta donde ella recogía las entradas,
el auto Fiat que la levantó en la calle y “la boite”, donde se la vio por
última vez. Ahí la joven se perdía, desaparecía, oculta por el miedo colectivo.
Ese gran domesticador de las rebeldías. Sin embargo, el encubrimiento político
para proteger al principal sospechoso, Angel Luque, el hijo de un diputado
nacional que vivía en Buenos Aires y regresaba los fines de semana a Catamarca,
ahijado del entonces presidente de la
Nación , Carlos Menem, sacó el crimen de las páginas
policiales y puso luz sobre lo que siempre había sido oculto entre nosotros:
las “fiestas negras” de los hijos del poder. La muerte de María Soledad
condensó antes que nadie la situación de las muchachas pobres de provincia,
doblemente vulnerables por su condición de mujeres pobres, “las chinitas” en el
peyorativo decir de las damas de “la buena sociedad”, ya no sólo el patriciado
provincial sino esa nueva casta social, la de la política, que con sus “ismos”
–clientelismo, nepotismo, electoralismo– fue configurando un poder feudal,
perpetuado ahora en las reelecciones indefinidas de muchas de nuestras
provincias.
A la par que el país estrenaba la democracia, también
inaugurábamos esa transmisión de la historia en directo, la televisión en vivo.
Decenas de periodistas nos trasladamos a la calurosa Catamarca, a la que le
calzaba la descripción de Galeano del feudo: “La ciudad vivía con el aliento
cortado, el aire estaba amenazado por la desconfianza, se hablaba en voz baja,
las voces no coincidían con las caras”. La ignorancia sobre Catamarca aumentaba
la distancia geográfica de Buenos Aires, la orgullosa capital que había vivido
de espaldas a esos rostros aindiados y esa vida de provincia que transcurre
entre velorios y casamientos. El humor popular se burlaba del gobierno de los
parientes y sustituyó el juramento de práctica de los nuevos ministros por el
“Sí, tío”.
Tal vez porque tengo más entrenada la mirada de la cronista
y el texto de la narradora, puse mis ojos antes en la sociedad, la aldea, que
en el expediente judicial. En las horas de la confraternización del trabajo –lo
que más extraño de la vida de periodista– corregía a los más jóvenes cuando
equiparaban Catamarca con el Macondo de García Márquez: “No se engañen, éste no
es un caso de ficción. Aun cuando nos duela, Catamarca es rigurosamente Argentina”.
Los prejuicios corrían sueltos, sobre todo los que
actualizaban el “por algo será” de la dictadura por el “ella se lo buscó”, la
estigmatización de las víctimas por temor a responsabilizar a los verdaderos
culpables, que se protegen en la impunidad que les da el poder. Sin
preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad adulta por la forma en que vivimos
y cómo desprotegemos a esas jovencitas, asustadas o deslumbradas ante el primer
canalla que les ofrece fama o dinero. La matriz que inmoló a María Soledad y se
repite por centenas en cada rincón de nuestro país, “desaparecidas” de la
democracia cuyos rostros vemos en cada viaje de avión, estampados sobre las
máquinas que detectan los metales, ya sin espacios vacíos, naturalizados ante
nuestros ojos de viajeros frecuentes. Sin que veamos que se utilice la
televisión pública, ya que su función social se lo exige, en beneficio de la
información que ayude a prevenir, buscar a las que no están, y sobre todo hacer
visible lo que se vive oculto. Eso es lo que puede hacer la televisión, tan
denostada hoy. Veinte años atrás la irrupción de la televisión acercó a las
provincias y, como en el caso de María Soledad, se hizo justicia gracias a una
cámara indiscreta que mostró la parcialidad y la complicidad de los integrantes
del Tribunal. Un segundo juicio condenó a Ángel Luque.
Entonces la televisión se vivía como un rasgo de modernidad,
y hoy está sentada en el banquillo de los acusados porque se espectacularizaron
los informativos, se tercerizó la información, los noticieros chorrean sangre,
y por debatir sobre la titularidad de los medios postergamos el debate sobre
los códigos éticos y la responsabilidad a la hora de informar sobre ausencias
como las de Marita Verón. Nada mide mejor el estadio de desarrollo de una
sociedad que la calidad de su debate público. ¿Alguien cree que se puede
debatir en un plató de la televisión teniendo al frente a una madre que llora a
su hijo muerto? ¿Alguien cree que se puede legislar con prudencia si las leyes
salen al calor de los escándalos, al impulso de la indignación popular? Si
María Soledad expuso descarnadamente la situación de las mujeres pobres de
provincia, doblemente disponibles por pobres y mujeres, ahora, el poder de otra
víctima, Marita Verón, por la tenacidad de su madre Susana Trimarco y las redes
de mujeres que la acompañan y sostienen, veinte años después, desenmascara lo
que fue creciendo ante nuestros ojos y nadie quiso ver. Por hablar tanto de
dinero nos desentendimos cuando el Estado se fue en retirada, se privatizó la
misma idea de bien e interés público y, ya se sabe, cuando no hay Estado, el
crimen organizado ocupa su lugar, esa promiscuidad de intereses que mezcla
política, jueces, policía con los rentables negocios de la ilegalidad. De modo
que no es una cuestión ideológica que se resuelva con sólo reivindicar la
intervención del Estado como corrección al denostado “neoliberalismo”. De lo
que se trata es que, si efectivamente queremos combatir el tráfico de personas,
la esclavitud de mujeres obligadas a la prostitución, se haga de estas
ausencias causa de todos y no propaganda de algunos. Ahí, al alcance de nuestro
horror están los ejemplos de México y Brasil, que se invocan como modelos de
economía sin que pongamos los ojos en los escuadrones de la muerte, la pobreza
colgada de las colinas y la corrupción política que se financia con el dinero
sucio del tráfico. No alcanza con decir, tal como me lo advirtió diez años
atrás Gino Germani, un especialista en mafias rusas: en el siglo XXI, el
tráfico más rentable será el de las personas. No alcanza con despotricar contra
las corporaciones, el neoliberalismo, el capitalismo, si cada uno de nosotros
es incapaz de ponerse en el lugar del otro, o poner nuestro privilegio de
estudio para desentrañar la cultura del consumo que ha hecho del cuerpo de las
mujeres una mercancía, del egoísmo una marca de relación, de la política un
medio de enriquecimiento. Y de nuestro país, una triste caricatura de sí mismo,
incapaz de hacer de la historia una pedagogía, que ha hecho de la muerte y el
sufrimiento una marca de identidad: esas madres del dolor que ocupan las plazas
públicas en demanda de justicia; como ya lo dijeron los griegos, que las
escondían, no hay nada más perturbador que una madre que llora al hijo que no
está, porque subvierte el orden público. Como tener miedo en democracia,
invocar los derechos humanos y negar al otro; que a treinta años de la
democratización, el país entero se ha feudalizado con poderes personales que
manejan las cuentas públicas como si fueran un botín propio, los cargos se
distribuyen entre parientes, sin independencia judicial ni pluralismo
parlamentario. Cada tanto, el dolor y los gritos de la familia del dolor nos
desperezan de la modorra nacional. No porque el poder de la víctima resquebraje
ese poder familiar, como sucedió en la Catamarca de los Saadi, sino porque ya
naturalizamos las muertes jóvenes y por eso fueron despojados de su poder de
víctimas.
Inicié esta crónica con la frase que guió mi libro
Catamarca. Como escribí entonces a modo de conclusión, me repito: “Catamarca no
sólo vivificó en mí la siempre legítima defensa de la verdad y justicia, sino
que me confirmó la inutilidad de la violencia: las crisis económicas se
resuelven en décadas, los enfrentamientos civiles consumen generaciones”.

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