El intendente Miguel Mukdise no estaba en la ciudad el 11 de abril pasado, regresó de Buenos Aires al día siguiente. En la sesión 8, el presidente del Concejo Deliberante, Leonardo Sánchez, dijo que fue durante la semana a la Municipalidad y notó la ausencia del jefe comunal; desde la banca denunció acefalía; para colmo el titular del legislativo se ausentaba el fin de semana anterior.  

En 2014, la ciudadanía elige al sucesor de Mukdise

Sánchez mencionó si ocurriría una catástrofe similar a las inundaciones en La Plata u otro evento, ¿quién toma decisiones en la Municipalidad, si no existe traspaso de mando?

Esta pregunta constituye un dilema en el sistema institucional de la ciudad termal. El artículo 15 de la Carta Orgánica Municipal indica que el intendente no puede ausentarse del municipio por más de cinco días sin previo permiso del Concejo Deliberante.

En 2012, Miguel Mukdise se ausentó en enero y abril; primero por vacaciones y, en segundo lugar, por un viaje a España. Se firmaron los decretos 7 y 35, ambos de enero. Allí se designó a la expresidente del Concejo Deliberante, Roxana Ponce, quien gozaba del poder, a cargo de la comuna. Sin embargo, en 2013 no aparecen los decretos para la trasferencia del mando.

Resulta que el intendente Miguel Mukdise tiene distancia política con Leonardo Sánchez, quien se hizo cargo del legislativo en diciembre tras la pelea de Roxana Ponce con el titular del Ejecutivo. Por este motivo no firma el decreto de la transferencia institucional. Pero ¿qué sucedería en caso de un evento natural? Al no realizar el acto formal, Mukdise sigue al mando aunque esté a mil kilómetros de la ciudad termal.

Por cuestiones políticas, secretos de estado y especulaciones no se realizan los decretos, desde diciembre de 2012, para designar intendente interino, cuando el jefe comunal está ausente.

Una solución institucional, pero no política, es reglamentar el artículo 15 y fijar criterios ante determinadas ausencias y especificar por ordenanza la transferencia de mando.

La solución rompe con la lógica política, pero protege a la ciudadanía de cualquier especulación, malas interpretaciones normativas y falta de responsabilidad ante imponderables.