Cuarta extraordinaria. Restringen plazo y solicitan informe
de pagos de juicios contra la comuna. El Ejecutivo tiene 51 jornadas para
comunicar. Desligan responsabilidad al intendente.
Los conejales se reunieron en sesión extraordinaria para
tratar la prórroga de la emergencia económica solicitada por el intendente
Miguel Mukdise. Ayer aprobaron la
Ordenanza 323, la norma fija la emergencia a partir del
primero de julio hasta el 6 de septiembre, se trata de 90 días, la mitad
solicitada por el Ejecutivo.
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| La sesión extraordinaria duró 20 minutos; empezó a las 12.53; y fue convocada para el mediodía. |
El intendente Miguel Mukdise pretendía la prórroga de la
emergencia económica de la comuna por 180 días, cuyo vencimiento fue el 30 de
junio; los ediles restringieron la medida a la mitad. La Municipalidad estuvo 17 días sin la protección contra los juicios.
Con la ausencia de Roxana Ponce, quien presentó parte
médico, los ediles prácticamente ayudaron al Ejecutivo al sancionar la Ordenanza 323. Fueron
pocos los concejales que intervinieron en el debate durante la extraordinaria
Nº 4. “Se aprobó con cambios sustanciales”, dijo Silvia Trejo a sus pares.
El artículo 3 de la Ordenanza 323 indica que el Ejecutivo debe
informar los juicios pagados y tiene 51 días para comunicar al legislativo, o
sea, el plazo vence el próximo 6 de septiembre.
José Luis Campuzano tuvo intervención en la extraordinaria,
pidió relectura de varios artículos antes de aprobar la ordenanza. Sin embargo,
fue él quien indicó el incumplimiento de la Ordenanza 313, del 20 de
diciembre de 2012, ya que el Ejecutivo debió informar los pagos de juicios
desde diciembre de 2010 hasta el mismo mes de 2012, el plazo venció el último
día hábil de febrero pasado.
En la sesión extraordinaria quedó constancia del
incumplimiento, el Ejecutivo no envió el informe solicitado, pero los ediles
omitieron hablar del artículo 4 de la Ordenanza 313, ya que la falta era motivo de
iniciar juicio político a dos funcionarios: el intendente y fiscal comunal.
Prácticamente ayudaron al jefe municipal Miguel Mukdise.
El presidente del Concejo, Leonardo Sánchez, dijo a FM 91.1
que el fiscal Juan Scheytt debió informar los juicios pagados o acordados;
“tiene irresponsabilidad”, calificó el titular del legislativo al funcionario.
El Blog de Justel consultó al fiscal Scheytt, días antes de
la extraordinaria, el funcionario indicó que “no es mi responsabilidad
comunicar, se informó a la Secretaría
de Economía; además, el intendente firma la orden de pago”.
El intendente Miguel Mukdise es el representante del
Ejecutivo, no el fiscal Scheytt, aunque éste debe velar por la legalidad de los
actos. El trámite administrativo pasa por Contaduría, Tesorería, luego, el jefe
comunal libera el pago. No existe un responsable, sino son varios.
Juicios
El edil Livio Olmedo dijo, sutilmente, que la comuna tiene juicios
por $27 millones, casi un 28% del presupuesto 2012, fijado en más de $92
millones.
Los ediles se equivocan con el fiscal, se debe prestar
atención al accionar del intendente y el área económica.
Los juicios contra la comuna son atendidos por el fiscal
Scheytt. Los concejales deben seguir su accionar dentro del proceso judicial y
detectar si realmente defiende los intereses de la comuna o los restringe.
El fiscal Scheytt debe ser analizado por su participación en
juicio y no por su responsabilidad de acordar pagos, salvo que sea expresado en
un dictamen y entregado al intendente. O sea, se debe observar su rol de
defender el patrimonio del municipio, el económico, entre otros.
Varios concejales sospechan del accionar del fiscal, aunque
los anteriores representantes legales de la comuna tuvieron dudosa actuación.
Los ediles deberán sancionar una normativa para seguir de cerca los juicios
contra la Municipalidad ,
y así proteger la masa salarial de los empleados y la continuidad de los
servicios prestados a los vecinos.
Informe
Juan Scheytt entregará un informe del funcionamiento del
organismo, según dijo a este portal, ya que por una resolución los ediles
solicitaron datos de fiscalía.
Según el informe preliminar, Scheytt solicitará modificación
de la Ordenanza
545, la estructura funcional de fiscalía; allí trabajan un jefe de área, un
auxiliar y una ordenanza. “Se solicita integrar a un abogado auxiliar y un
letrado con residencia en la capital santiagueña para notificaciones”, precisa
el texto que se girará al Concejo Deliberante.
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