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Crónica del combustible

Conozca el consumo durante el 2011. El informe del Tribunal de Cuentas. La Justicia con los ojos bien cerrados.

El intendente Miguel Mukdise a través del Decreto 98, el 24 de febrero de 2011, autorizó un convenio con la firma Esso Petrolera Argentina SRL por la “falta de oferentes” para entregar combustible a la Municipalidad. El Tribunal de Cuentas hizo una observación del instrumento público, informó al Concejo Deliberante, el 31 de octubre de 2012, el organismo dijo que no se adjuntó nota alguna que “certifique que ninguna estación de servicios del medio hubiese rechazado una posible provisión de combustible” a la comuna. 
El fiscal Scheytt no se presentó
como querellante en la causa
combustible 2011.
El Ejecutivo hizo varias transferencias y pagó por adelantado el combustible a la firma Esso Petrolera Argentina, con sede en Buenos Aires. El Concejo Deliberante aprobó la Resolución 29, el 9 de agosto de 2012, solicitó al Tribunal de Cuentas una auditoría del ejercicio 2011, pero el intendente Miguel Mukdise pidió que se extendiera hasta el 2010, sin embargo, el órgano de contralor hizo el informe sólo para el período 2011.

Informe
El Tribunal de Cuentas hizo algunas observaciones por la compra de combustible durante el 2011. “La cuenta del ejercicio 2010 arroja un monto consumido de combustible de $414.000; la cuenta general del ejercicio 2011 expresa un monto de $1.786.671, o sea, un 430% del importe del año 2010”.


El Tribunal indicó que se consumió cuatro veces más en 2011 respecto de 2010, pues en este año hubo dos elecciones para intendente, la comuna suele gastar en combustible para hacer funcionar el aparato electoral y los vehículos de transporte para los electores.

El informe del combustible sostiene que no existe documentación (vales de combustibles) que “justifique en qué vehículos y maquinarias se usaron todo el combustible adquirido en el año 2011”.

A pesar de la insistencia del Tribunal para que el Ejecutivo envié la documentación que avale el consumo de combustible; el órgano de control fue categórico: “Es un hecho que consideramos de extrema gravedad”.

Números
“Es llamativo que el Ejecutivo pagó (transferencias bancarias) por adelantado una exagerada cantidad de litros de combustible, cuando el consumo estimado para el mes por el Director de Compras y Suministros (Jorge González, en esa oportunidad) es bastante inferior”, sostiene el órgano de contralor.

La Ley provincial 3.742, de Contabilidad, está derogada por la Ley 6.933, Administración Financiera, en 2009; además, la comuna no tiene una ordenanza contable para los actos administrativos. Otro agravante, el Concejo Deliberante nunca fue notificado por el convenio entre la Municipalidad y la firma Esso Petrolera Argentina, aparentemente firmada en febrero de 2011.

El Ejecutivo argumenta en sus decretos citando la derogada Ley 3.742, lo hizo muchas veces, por ello hizo pagó por adelantado, cuando en realidad se debió realizar dentro de los 30 días de recibir el servicio o producto.

“El monto abonado por el consumo de combustible de enero de 2011 es de $51.818,36, de marzo a octubre más de $20.000, de diciembre de 2011 (transferencias bancarias) es de $1.200.000, lo que totaliza $1.170.818,36, quedando un saldo de $614.853,16 para completar $1.786.671,52”, expresado en el consolidado 2011, dice el Tribunal de Cuentas.

Según el órgano de contralor, el importe de $614.853,16 corresponde a los meses de febrero, noviembre y parte de diciembre de 2011, el mismo “no justificado ante este Tribunal”.

Miguel Mukdise solicitó un pedido de juicio político, el 23 de agosto de 2012 después que se aprobara la auditoría al Ejecutivo, contra los vocales del Tribunal de Cuentas, Eduardo Francisco Saavedra y Alberto Pérez. El hecho no prosperó, pues los concejales nunca se pusieron de acuerdo en la comisión de investigación.  

Los concejales tuvieron un mal desempeño. En octubre de 2012 quedó trunco el pedido de juicio político, aunque Mukdise cambió sobre la marcha, se retractó y pidió juicio administrativo para el contador Alberto Pérez, hermano del exsecretario de Gobierno, Dardo Cándido Pérez. 

La denuncia
Sergio Sabater solió al choque. Denunció a Miguel Mukdise por “negociaciones incompatible con la función pública”, fue a principios de enero de 2012. La jueza Ana Cecilia Vittar se hizo cargo de la instrucción. Hace 20 días El Blog de Justel intentó dialogar con la magistrada, quien no quiso atender a este portal. Pasó más de un año y medio, y la causa estaría paralizada.

Sabater denunció al intendente Miguel Mukdise por el consumo de combustible en 2011. El joven se desempeñó en aquel año en la entrega de vales de combustible, renunció al cargo tras la salida abrupta de Dardo Pérez, exsecretario y amigo del administrador comunal. El conflicto estalló porque se renovaban autoridades en el Concejo Deliberante, ambos tenían ideas enfrentadas.

Dardo Pérez denunció en los medios que Mukdise habría pago a varios concejales para elegir a Roxana Ponce, la nueva titular del Concejo Deliberante, en octubre de 2011.

Combustible forever. Miguel Mukdise figura como titular de Esso Shop 28 de mayo, la estación de servicio que recibió el combustible en 2011 por la firma Esso Petrolera Argentina SRL. Por ello, Sergio Sabater apuntó hacia el intendente en la denuncia penal.

La Municipalidad pagó por adelantado desde febrero hasta septiembre de 2011, el importe supera el millón de pesos. Al margen del informe del Tribunal de Cuentas, el beneficio para la familia Mukdise está claro.

Primero, la estación de servicio Esso 28 de mayo omitió precintar un surtidor para vincularlo con la Municipalidad, por ello se confunde el combustible de la comuna y el privado, el familiar.

Segundo, no existe informe si la comuna consumió todo el combustible durante el mes, ¿el excedente del mes quién lo utilizó?

Tercero, el fiscal Juan Guillermo Scheytt no se presentó como querellante en la causa combustible 2011, y sumar actuaciones junto a Sergio Sabater, quien se animó a denunciar.

Cuarto, el intendente Miguel Mukdise no hizo un decreto para seguir el consumo de combustible en su propia estación de servicio. La falta de control es un hecho.

Quinto, la firma Esso 28 de mayo se habría beneficiado con la compra de combustible, puesto que la Municipalidad pagó por adelantado. La empresa privada no desembolsó y el intendente omitió todo tipo de control en el surtidor del emprendimiento familiar.

Sexto, el excedente de combustible por mes. Es casi imposible que se consuma todo el combustible por mes, la firma Esso 28 mayo nunca informó al Municipio, al Concejo Deliberante ni Tribunal de Cuentas el gasto mensual.  

Séptimo, el argumento del Decreto 98 es débil, pues indica que existen pocos oferentes y la cantidad de combustible en la ciudad para adquirir. El intendente Miguel Mukdise quiso comprar un bien a un precio mejor de plaza, pero debió convocar a un concurso de precios, pero lo omitió.   

Mukdise debió adquirir un tanque y depositar el combustible, en vez de realizarlo en su empresa. Por ello, Sergio Sabater denunció incompatibilidad con la función pública. Es decir, el que detenta el poder municipal habría beneficiado a sus empresas. 

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