Irregularidad. Remodelación de la plaza Ordóñez
costó más de $500 mil. Por resolución se aplicó la Ley de Obras Públicas y se
omitió el Decreto 190/2013.
La abandona plaza Francisco Ordóñez tuvo una
remodelación incompleta, la obra no se concluyó. Empezó antes del evento MotoGP
y el intendente Miguel Mukdise no firmó un decreto para la ejecución, sino que se
publicó una resolución por un gasto de $508.858,59, aunque no se colocó cartel
de obra ni se conoció el tiempo de realización.
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| Varios árboles fueron erradicas, violando ordenanzas. |
Según el Boletín Oficial N° 419, la secretaria de
Planeamiento y Obras Públicas, Anavelia González Russo, presentó el proyecto de
remodelación de la plaza Francisco Ordóñez, comprendida entre las calles
Sarmiento, Pasteur, Avellaneda y Núñez del Prado. La Resolución Serie P N° 3
del 10 de marzo de este año, la norma indica un monto de $508.858.59 y la
encuadra en el artículo 85 de la Ley de Obras Públicas provincial (2.092).
El capítulo XI, artículo 85, de la ley dice: ”Considérese
obra por administración aquella en la cual el Estado toma a su cargo la
ejecución material de los manejos, por intermedio de sus oficinas técnicas,
adquiriendo los materiales y designando al personal necesario o contratando la
mano de obra. Los trabajos serán ejecutados bajo la dirección de un profesional
de la repartición respectiva”.
El gasto de más de $500 mil no está dentro del
presupuesto 2014, aun no aprobado. Segundo, Anavelia Russo menciona que la
erogación se hará con la cuenta bancaria 2711302, Rentas municipal. La funcionaria
omitió el Decreto 190/2013, la norma fija los límites para trabajos públicos –obras-:
contratación directa, hasta $80 mil; concurso de precios, desde $801.000 hasta
$300 mil; licitación pública; desde $301.000.
Como la Municipalidad ni tiene aprobado el presupuesto 2014, la autorización legal para gastar, la obra no figura dentro del plan de
erogaciones; además, se pudo ejecutar con fondo nacional, el famoso Fondo
Federal Solidario (soja), pero la Nación supervisará el marco legal.
Anavelia González Russo pasó por alto el Decreto
190, utilizó el artículo 85 de la Ley 2.092, cuyos límites son distintos a la
normativa local. La secretaria quiso eludir el llamado a licitación público y
roza la irregularidad. Las obras son manejadas como en el sector privado y enseñan los constitucionalistas argentinos que el Estado paga el
precio más favorable.
El artículo 86 de la Ley 2.092 indica que “la
adquisición de los materiales para la obra a ejecutar por administración se
efectuará hasta la suma de $250.000 m/n por compra directa; hasta $500.000 m/n
por concurso de precios, y hasta $1.000.000 m/n por licitación privada con
aprobación del Poder Ejecutivo”.
La Ley 2.092 fue aprobada en 1949 y tuvo una modificación
en 1978, entre otras; la Municipalidad está adherida a la norma; los montos son
de alcance provincial y no se ajustan al Decreto 190, ya que Miguel Mukdise los
acomodó a la realidad local, pero la secretaria González Russo saltó la
normativa comunal para encuadrarse a la provincia y justificar el gasto.
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