Vencer la corrupción.

La gobernadora de los santiagueños, Claudia Ledesma, no opina por los hechos de Tucumán, lo hace el senador Gerardo Zamora. La primera mandataria es una fachada. Es la herencia del poder, porque después -dicen los oficialistas- vuelve Gerardo Zamora en 2017, y se cumplirán tres mandatos en la gobernación. Es lamentable el silencio institucional y político en Santiago del Estero, porque tienen las mismas prácticas que los vecinos tucumanos.

Existen pocos periodistas independientes y políticos con coraje para denunciar la corrupción escandalosa en la provincia. Pero esto no alcanza, la Justicia está tomada por el Ejecutivo, no existe división de poderes y el ministro de Justicia, Ricardo Daives, se ríe de los independientes. Además, el poder mediático de los Ick ayuda al régimen zamorista.

¿Cómo revertir la situación? ¿Por qué se debe estar subordinado al poder central de la Nación? Creo que se debe firmar un acta entre políticos y periodistas de todo el territorio, intentar la unión y fijar otro modelo político provincial, menos concentrado, plural, libre para opinar, más participativo, y con un fuerte compromiso con la democracia y el desarrollo integral.

Y el artículo obliga, entre otros, al Gobernador, Vicegobernador; los legisladores de la Cámara de Diputados; los integrantes del Superior Tribunal de Justicia; los Magistrados y demás funcionarios judiciales; los integrantes del Ministerio Público; el Defensor del Pueblo; los Intendentes, Concejales, integrantes de los Tribunales de Cuentas Municipales y Comisionados Municipales; los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo.

La lista sigue pero no se cumple. Una ley que apunta a la transparencia, pero su aplicación se hace engorrosa. El artículo 24 de la Ley 6.719 indica que cada poder del Estado debe designar el órgano de aplicación de la norma. Descentralizó el control, en vez de unificarlo para tener más agilidad.

Temporalidad. Las “declaraciones juradas deberán acumularse sucesivamente y conservarse en conjunto hasta, por lo menos, diez (10) años con posterioridad al egreso efectivo del funcionario”, indica el artículo 7. O sea, si Gerardo Zamora vuelve el archivo queda vacío.

Absurdo

El artículo 10 es clave para entender la corrupción en la Provincia y la mirada al costado. “Las autoridades de aplicación de cada uno de los Poderes del Estado, deberán: a) Publicar en Internet el listado de los funcionarios cumplidores e incumplidores de presentar las declaraciones juradas patrimoniales integrales; b) Actualizar periódicamente la información indicada en el inciso a) del presente artículo; c) Publicar en el Boletín Oficial anualmente, antes del 31 de diciembre, la totalidad de la información de las presentaciones e incumplimientos correspondientes al año en curso”.

Hace falta debate y consenso. Sin control institucional y social, el gobernador se convierte en el dueño de la provincia, o es lo mismo decir, se transforma en totalitario.