Ayer, por la mañana, se acercó a este medio un contador público para solicitar la Ordenanza 247, conocida como Presupuesto 2010 y la norma 264, la declaración de la Emergencia Economía del municipio, sancionada el pasado 30 de diciembre. Se contestó que a la brevedad la tendría. Solicitaba las normas para su análisis. Además, indicó el profesional que “hace dos semanas los empleados municipales están de huelga, que el 3 y 4 de enero se les retiró a varios las tarjetas. Pero los contratados presupuestados llevan cuatro meses de trabajo en la comuna, tienen sus derechos adquiridos; en cambio los contratados se sabía que terminaba su relación a fines del año pasado”. Y preguntó ¿hay un decreto de rescisión de los contratos? Porque si no fuera así, ellos están habilitados a presentar una acción de amparo colectiva.
Este periodista consultó y logró tener acceso al instrumento público de rescisión de los contratos. Pero cabe aclarar que la prensa no tuvo acceso al mismo al inicio del conflicto. El decreto acuerdo 927 del 30 de diciembre del 2010, deja sin efecto los decretos del 1 de septiembre del año pasado desde el 644 hasta el 675; todos con la serie “I”. Además, el 646 de serie “G”. Por otro lado, los que establecen el paso de los empleados como contratados presupuestados. Los mismos son el 753 y 754, ambos de serie “I”.
En tanto, el decreto 927 disuelve “todos contratos de empleado público suscripto por el anterior gobierno municipal –del intendente Luis Saleme- posterior al 31 de agosto del 2010”, indica el artículo segundo del instrumento público.
Fundamento
La gestión del intendente Miguel “Gody” Mukdise aduce que se debe abonar a 1.300 empleados municipales y que los decretos otorgados por el anterior jefe comunal viola el Art. 95 de la Carta Orgánica Municipal, que estable un 60% como máximo al destino de los fondos al personal. Por ello, para poder afrontar el pago a proveedores y agentes municipales se rescinde los contratos.
“Ante la sobrepoblación de agentes municipales es necesario una reestructuración funcional de los empleados, ya que el Estatuto Municipal establece a los 180 días de prestar servicios el contratado adquiere estabilidad”, reza el decreto 927. Sin embargo, por la cláusula tercera del contrato de empleo, el Municipio se reserva el derecho de rescindir unilateralmente contratos dentro de los seis meses de celebrado.
Por ello, el jefe comunal Mukdise argumenta que “el nombramiento como presupuestados de las más de 200 personas, por el periodo comprendido entre 2006 al 2010, fue una medida e total irresponsabilidad, poniendo en riesgo el funcionamiento de los servicios básicos de la comuna”, indica el decreto.
Interpretación
Miguel Mukdise asumió el 17 de diciembre del año pasado, y a fines del 2010 se conoció la rescisión de 206 contratados presupuestados. Esto generó bronca por parte de tres gremios: ATE, Suoem y SMT, todos encolumnados con la gestión del ex intendente Luis Saleme. Desde el Municipio se dijo que muchos empleados tendrían relación directa con los sindicalistas y que varios no trabajarían. Esto agudizó el conflicto con la quema de neumáticos frente al palacio municipal.
A tal punto que el Concejo Deliberante llamó a sesión extraordinaria para sancionar la Emergencia Económica. La norma originalmente contemplaba la disolución de los contratos, pero por insistencia de los gremiales se quitó el artículo de la extinción contractual, pero se facultó al Ejecutivo para su posterior análisis; en tanto, la resolución legislativa sólo afectó la suspensión del pago a los proveedores y juicios contra el municipio.
Pero el 3 de enero se conoció que se quitaron las tarjetas de varios empleados y volvió la lucha. Ese día los gremialistas dialogaron con Mukdise y no llegaron a un acuerdo. Por eso decidieron cortar la ruta 9 por donde pasarían los vehículos de la competencia Dakar 2011 rumbo a Tucumán. Hubo represión y heridos con balas de goma; las mujeres fueron afectadas. Al día siguiente se terminó de retirar las tarjetas del personal.
La huelga continuó con quemas de gomas y marchas. Pero el 4 de enero pasado, en conferencia de prensa, Mukdise dijo que el déficit mensual durante el 2010 fue de $110.681, el pasivo al 31 de diciembre del año pasado fue de $2.447.000 y la comuna afronta juicio por $10.000.000.
La magnitud de los números y el conflicto gremial, por ahora, no tiene solución. Los servicios públicos funcionan a media maquina y el paro continúa.
Mukdise dijo en el cierre de campaña, el 9 de diciembre, que no tocaría ningún empleado de la comuna. Pero cuando asumió, se encontró con al realidad. Aunque debió contar con un informe económico de la intendenta interina, Roxana Ponce, para tomar decisiones acertadas.
Ponce es la presidenta del Concejo Deliberante, quien asumió el 3 de noviembre como intendenta interina para normalizar las instituciones, ya que el jefe comunal electo, Miguel Mukdise (h), falleció antes de asumir, el 31 de octubre. Por ello se debió convocar a elecciones para el 12 de diciembre de 2010, pero con anterioridad hubo otro acto leccionario, el 5 de septiembre, donde perdió el ex intendente Luis Saleme, quien pretendía su reelección.
Si Mukdise no tenía datos certeros de la economía municipal, debió tomar cautela a la hora de decidir la medida del “ajuste” y dejar sin efecto a 206 contratados. Tal vez, dijo una fuente consultada, si nombraba una comisión de investigación, encontraba la solución.
La comisión debería estudiar caso por caso para comprobar si existen empelados que no trabajan o son “ñoquis del sistema clientelar”, explicó la fuente. “Porque al rescindir a todos de una sola vez se comete una injusticia. No se puede medir con la misma varia a personas que trabajan hace tiempo y otros que ingresaron en septiembre y octubre de 2010, al final de la gestión de (Luis) Saleme. Faltó serenidad y prudencia a la hora de tomar decisiones”, concluyó.
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