Por Daniel Santoro

La propuesta de Cristina Kirchner de “democratizar la Justicia” dejó muchas dudas y sospechas. En el 2005, la senadora Cristina Kirchner logró reducir de 20 a 13 el número de miembros del Consejo de la Magistratura, el organismo que propone y destituye jueces, con la excusa de agilizar sus decisiones. Así logró licuar el poder de los representantes de los abogados y consiguió que el gobierno de turno pasará a tener un “poder de veto” sobre todas las decisiones.

Por ejemplo, la mayoría kirchnerista del Consejo rechazó en el 2010 el juicio político al juez federal Norberto Oyarbide por haber sobreseído en tiempo récord y sin agotar las medidas de prueba al matrimonio Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. Los Kirchner habían aumentado su patrimonio en un 158 por ciento en sólo un año.

Ocho años después, la presidenta Cristina Kirchner anuncia que para “democratizar y legitimar” la Justicia hay que aumentar sus miembros de 13 a 19 miembros. Además, que los representantes de los abogados, jueces y académicos deberán ser elegidos por el voto popular. Esto significa que ¿un juez deberá alinearse con un partido para poder ser electo miembro de la Magistratura? Otras dudas: ¿Serán elegidos en un único distrito electoral -donde la Capital y el GBA deciden la elección- o se votarán por provincias?  ¿Se votará por el sistema D´Hondt?

El otro punto polémico de la presidenta es proponer que la los jurados de selección de los nuevos jueces no serán más los propios miembros de la Magistratura sino representantes de las universidades públicas. Es un hecho, que el kirchnerismo creó una serie de nuevas universidades públicas en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, y que la mayoría está alineada con el Gobierno. Así los futuros jueces serán elegidos por jurados con mayoría K o en el futuro con mayoría del gobierno de turno. Estos son los puntos más preocupantes de la reforma de seis puntos. Hay varios positivos como la ley de publicidad de los actos de la justicia y la creación de una base de datos con las declaraciones juradas de bienes de funcionarios, jueces y legisladores que se podrán conocer en un término de 48 horas. Pero la Presidenta se olvidó de una ley “hermana” de la ley de Etica Pública: la ley de acceso a la información pública que permitiría un mayor control popular sobre las decisiones del Gobierno.