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Juicio político: el juego de la distracción

Sesión 7 del jueves 3 de abril. Crisis de representatividad y debilidad institucional.

Los concejales trataron los proyectos de resolución: solicitan documentación de las cooperativas Néstor Kirchner y Eco Vida. La primera, en mayo de 2013 se produjo un escándalo cuando se debía certificar la tarea. Segunda, el convenio se hizo en febrero de 2012.

Marcha atrás. Los concejales solicitaron recién la documentación de la entidad Néstor Kirchner, cuando pasó casi un año. Además, el Tribunal de Cuentas dijo que se violaron varios artículos de la Carta Orgánica Municipal.

La cooperativa Eco Vida tiene las mismas prácticas que Néstor Kirchner, es decir, su convenio no fue tratado por el Concejo Deliberante. Pasaron dos años y los ediles solicitan documentación.
La maniobra es distraer.  

Si la cooperativa Kirchner tiene una irregularidad detectada por el Tribunal de Cuentas; Eco Vida tiene el mismo destino, otra causal de juicio político contra el intendente Miguel Mukdise y el secretario de Servicios Públicos y Coordinación, Jorge González

Operativo
Los concejales montaron un operativo para distraer. La concejal Silvia Trejo, dijo en un momento de la sesión, ¿por qué no está el despacho de la comisión de juicio político, como se acordó?, se preguntó. Los concejales solicitaron un cuarto intermedio, luego no se volvió a tratar el asunto.
Por otro lado, la ausencia del presidente Leonardo Sánchez, quien no presentó una nota por una licencia. Aparentemente, su padre tiene un problema de salud.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Alberto Pérez, radicó un pedido de juicio administrativo al intendente 
Mukdise, el 18 de marzo; y el 25 de aquel mes se ratificó. Según la Carta Orgánica Municipal, la comisión de Juicio Político debe investigar los hechos dentro de diez días corridos.

El tiempo se cumplió y los ediles no investigaron. Los representantes del pueblo, encargados de investigar al intendente, dejaron vencer los plazos. En 2011 y 2012 sucedieron hechos similares.

Los concejales están en la delgada cuerda, serían pasibles del supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Concejo Deliberante necesita del control popular para ratificar su función, al margen de la actividad de la prensa. De lo contrario, la ciudad sigue hundida en la crisis de representatividad y debilidad institucional. 

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